El Tribunal Supremo ha anulado el registro único estatal creado para controlar los alquileres turísticos y de temporada anunciados en plataformas digitales, al considerar que el Estado invadió competencias autonómicas al poner en marcha este sistema.
La decisión judicial supone un revés para el modelo impulsado por el Ministerio de Vivienda, que obligaba a todas las viviendas de uso turístico o alquiler temporal a disponer de un número oficial de registro para poder anunciarse legalmente en internet.
La sentencia llega tras el recurso presentado por la Generalitat Valenciana, que defendía que las comunidades autónomas ya cuentan con competencias propias y registros específicos sobre alojamientos turísticos.
El alto tribunal concluye que el Estado no puede imponer un registro nacional que se superponga a los sistemas autonómicos existentes. Sin embargo, la resolución sí mantiene otro de los pilares del sistema: la obligación de las plataformas digitales de compartir información sobre los anuncios y los propietarios.
De esta forma, portales de alquiler vacacional y plataformas online seguirán obligados a facilitar datos relacionados con los alojamientos publicados y sus titulares, una medida que el Gobierno considera clave para perseguir la oferta ilegal.
El registro estatal comenzó a funcionar en julio de 2025 como una de las principales herramientas del Ejecutivo para combatir el fraude en los alquileres turísticos y de temporada. El sistema exigía que cada vivienda tuviera un código identificativo obligatorio para poder anunciarse en internet.
Sin ese número, los alojamientos no podían operar en las plataformas digitales, que además debían comprobar periódicamente la validez de los registros.
El Ministerio de Vivienda defendía que este mecanismo permitía mejorar la supervisión y controlar el crecimiento de pisos turísticos ilegales en muchas ciudades españolas.
Según los datos facilitados por el departamento dirigido por Isabel Rodríguez, desde la entrada en vigor del sistema se habrían detectado más de 111.000 alquileres irregulares, la mayoría vinculados al uso turístico.
En total, el registro acumulaba más de 340.000 viviendas inscritas, de las cuales unas 258.000 correspondían a pisos turísticos y más de 83.000 a alquileres de temporada.
Pese a la anulación parcial del sistema, el Gobierno mantiene su intención de seguir reforzando el control sobre este tipo de alojamientos y ha pedido a las comunidades autónomas que agilicen sus propios mecanismos de supervisión.
El debate sobre los pisos turísticos continúa siendo uno de los grandes focos de tensión en el mercado inmobiliario español, especialmente en ciudades donde la proliferación de este tipo de alojamientos ha provocado un fuerte impacto sobre el precio de la vivienda y el acceso al alquiler residencial.
